No sólo había que matarlo, sino que había que asegurar el objetivo perseguido, que no era otro que silenciar un planteamiento descentralizador inserto en la Monarquía española capaz de aglutinar a muchos vascos de centroderecha, para lo cual era perentorio acusar a la víctima por corrupta, aunque fuera infundada, extendiendo la caloña, la calumnia injuriosa que se vertía sobre los muertos en estas tierras desde la época de los Parientes Mayores. Y si era necesario, también asesinar a otras cuatro personas que acompañaban al punto de tiro de la diana, como efectivamente hicieron.
Ahora que se cumple el 48ª aniversario de los asesinatos de José María Elícegui Díaz, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores y Juan María de Araluce Villar, al mediodía en pleno centro de San Sebastián, conviene recordar unos hechos que cabrían en la historia de la infamia.
Sus asesinos descargaron sobre ellos sesenta proyectiles Geco del calibre 9 milímetros parabellum, huyendo a continuación. Desde aquella misma tarde, ETA Militar asumió el atentado, ofreciendo un mes más tarde, en su boletín interno (Zutik) unas explicaciones en las que se vertían graves acusaciones de corrupción contra Juan Mari Araluce, referidas principalmente a su supuesto enriquecimiento con la venta de la telefónica donostiarra, además de implicarle en los graves sucesos que habían ocurrido cinco meses antes en la montaña mágica del carlismo, en Montejurra, donde dos romeros habían muerto por disparos y cuyos nombres merecen también ser recordados: Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero.
Pese a que, gracias a la documentación de la CIA norteamericana, sabemos que Araluce estaba amenazado por ETA desde 1973, la organización terrorista no tuvo ningún reparo en pretender justificar su asesinato, y el de su chófer y escoltas, acusándole de “posiciones políticas de extrema derecha formando parte del grupo dirigido por Sixto de Borbón [que] protagonizó los asesinatos de Montejurra” de 1976. Incluso, según Zutik, habría donado un talón de seis millones de pesetas a Roberto Bayod Pallarés, uno de los múltiples cabecillas de un carlismo escindido en innumerables sectores, que, por cierto, no tuvo nada que ver con las muertes citadas, nada más del hecho de haber acudido, como Araluce, al Montejurra 76.
Araluce, como monárquico tradicionalista, un planteamiento ideológico muy popular entonces en el País Vasco, se situaba dentro del carlismo en el sector estorilo, aquellos que habían reconocido a Juan de Borbón y después a Juan Carlos I como rey, enfrentándose políticamente a los partidarios de la otra dinastía, la que acataba como monarca a Carlos Hugo de Borbón que había dado un giro socialista a la secular ideología carlista. En aquel Montejurra 76, un hermano de este último, Sixto Enrique, pretendió impedir la monopolización carlohuguina de la tradicional romería y cuyos partidarios, no los estorilos, asesinaron a Aniano y Pellejero. Pero, para los carlohuguinos era fundamental acusar, no a los sixtinos, sino a los estorilos, porque así atacaban políticamente al ya rey Juan Carlos.
Por eso, estaban interesados en implicar a Araluce, miembro del todopoderoso Consejo del Reino, quien había estado poco más de media hora en Montejurra con sus hijos y se había largado en cuanto se enteró de la violencia ocurrida. Así, los carlohuguinos creían que podían llegar a Juan Carlos e implicarle en las muertes sucedidas. Entonces, en 1976, Carlos Hugo de Borbón se postulaba como la alternativa de izquierdas a la Monarquía juancarlista que había sucedido en la Jefatura del Estado al dictador Francisco Franco.
Por ello, tan solo nueve días después de los sucesos de Montejurra, el procurador en Cortes Gabriel Zubiaga Imaz, de fidelidad carlohuguista, pese a ser voluntario en la Guerra Civil en el bando vencedor, hizo unas declaraciones al periódico barcelonés Tele/eXpres en las que se preguntaba qué hacía Araluce en Montejurra aquel 9 de mayo de 1976. Dichas declaraciones serían reproducidas textualmente en el Zutik etarra. Y en enero de 1977, tres meses después del asesinato de Araluce, el citado procurador hacía pública una interpelación presentada al Gobierno en la que volvía a sacar a colación a Araluce. Ese mismo mes, la revista Garaia, órgano de expresión de Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB, Convergencia Socialista Vasca), partido político entonces clandestino que estaba detrás del Movimiento de Alcaldes, que había propuesto un planteamiento descentralizador soberanista, rival al auspiciado por Araluce desde su escaño de procurador en Cortes, daba pábulo a la interpelación de Zubiaga. Ya en el mes de octubre anterior, cuando asesinaron a Araluce y a sus cuatro acompañantes, la misma revista había dado por muerta a la propuesta autonomista del presidente de la diputación guipuzcoana. Y en el mayo siguiente, un equipo de investigación carlohuguino presentó en Biarritz un folleto, titulado Informe Montejurra 76, más conocido como el Libro Negro de Montejurra, en el que volvían las acusaciones contra Araluce y se rescataba la acusación de corrupción vertida en el Zutik.
Juan María de Araluce había sido hasta su muerte presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa y las acusaciones de corrupción se centraban en la venta del servicio telefónico del Ayuntamiento de San Sebastián a la Telefónica nacional, sobre el que la diputación carecía de competencias. De hecho, la situación económica de la familia Araluce-Letamendía era de todo, menos boyante, a la muerte de Juan Mari, trasladándose a vivir a Madrid, donde sus miembros tuvieron que rehacer sus vidas, personal y profesionalmente, tal y como ha acreditado el periodista Gorka Angulo Altube, autor de La persecución de ETA a la derecha vasca, asistiéndose entonces al inicio del éxodo de muchas familias vascas.
Unos asesinatos con los que comenzó tal diáspora, que tuvo mucho de limpieza ideológica y que redujo al silencio a un planteamiento autonomista contrario a la independencia que pretendía imponer totalitariamente ETA. Completada, además, con la caloña, un viejo instrumento injurioso vertido sobre los féretros, practicado desde la oscura época medieval.
Juan José Echevarría Pérez-Agua
Periodista e historiador.
Autor de ‘Juan María Araluce. El defensor de los fueros asesinado por ETA’.
